Venezuela: “De momento, no tenemos garantías, ni derechos. Todos estamos en libertad provisional”

“Están derribando la puerta de mi casa sin ninguna orden judicial, la puerta de mi casa”. Koddy Campos es un defensor de los derechos humanos residente en Caracas, conocido por su compromiso con la causa LGBTIQ+. En los últimos meses, ha participado en la campaña electoral de la oposición liderada por María Corina Machado. La noche del 9 de agosto, unos 40 agentes de policía encapuchados intentaron allanar su vivienda. Sin embargo, al grabar la escena en directo en una cuenta de Instagram, Koddy y su amigo Léandro Villoria consiguieron que los agentes se marcharan al cabo de treinta minutos. Desde ese día, viven en la clandestinidad, como otros miles de venezolanos, algunos de los cuales ya están desesperados por huir del país.

El 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez, Venezuela eligió a su nuevo presidente. Publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los resultados concluían que Nicolás Maduro, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había sido reelegido por tercera vez, con el 52% de los votos frente al 43% del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, las graves incoherencias aritméticas y la ausencia de actas electorales no hacían creíbles estos resultados, obviamente irregulares, según la ley electoral venezolana. Por su parte, gracias a una red de voluntarios repartidos por todo el país, la oposición consiguió conservar más del 80% de las actas (cada una de las cuales contiene una impresión del CNE y un código QR en la parte de abajo que atestigua su veracidad). Estas actas muestran una clara victoria del candidato de la oposición con el 67% de los votos. Las denuncias de fraude electoral e incluso de golpe de Estado provocaron manifestaciones en todo el país al día siguiente, sobre todo en los sectores más populares, lo que provocó una respuesta implacable del gobierno chavista: 25 muertos y cerca de 200 heridos en menos de cuarenta y ocho horas, y se anunció la construcción de centros de reeducación para los manifestantes.

Desde entonces, se han multiplicado las detenciones arbitrarias, por cargos gravísimos como incitación al odio o terrorismo. Manifestantes, miembros de partidos políticos, testigos electorales, activistas, periodistas y cualquiera que se encuentre en el lugar equivocado en el momento equivocado son el blanco de la represión. El régimen no actúa en la sombra; al contrario, asume toda la responsabilidad de su represión. Incluso tiene un nombre: “Operación Tun Tun”. Día y noche, la Policía Nacional Venezolana (PNV), a menudo acompañada de civiles armados por el gobierno (colectivos) para hacer el “trabajo sucio”, patrulla, captura, revisa teléfonos y, si es necesario, entra en las casas de la gente. El balance no tiene precedentes en el país, con más de 1.500 personas detenidas en pocas semanas, además de innumerables arrestos arbitrarios con extorsiones.

Según el abogado penalista Joel García, los derechos de la defensa son sencillamente ignorados: “Los detenidos no tienen derecho a un abogado privado. Tampoco derecho a comunicarse con un familiar. Esto también se aplica a los adolescentes, que son muchos”. Y añade: “Las familias me han pedido asistencia jurídica, pero me lo han impedido. De momento, no tenemos garantías, ni derechos. Detienen a todo el mundo, no solo a los activistas. Todos estamos en libertad provisional”.

Joel García lleva varios años trabajando en casos de detención arbitraria y tortura de opositores políticos. Aunque a menudo se encuentra con un muro judicial, se preocupa de enviar copias de los casos en los que trabaja a la ONU y a la Corte Penal Internacional (CPI), que desde 2018 investiga delitos de lesa majestad en Venezuela.

En el plano informativo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) deplora el aumento exponencial de los casos de violación a la libertad de prensa desde el 28 de julio. “Cualquier referencia a los resultados de la oposición es vista por el Ejecutivo como un desconocimiento de las instituciones”, afirma un periodista radiofónico de Caracas (que prefiere permanecer en el anonimato), y añade: “Hoy hay incluso periodistas acusados de terrorismo simplemente por cubrir las elecciones”. El último espacio de libertad que queda, las redes sociales están siendo objeto de una feroz campaña de boicot, como X, que solo se puede acceder con una VPN.

El “presidente” Nicolás Maduro denuncia un golpe de Estado de la oposición, pero los dos únicos observadores externos de las elecciones demuestran exactamente lo contrario. Invitada por el propio CNE, la misión del Centro Carter, compuesta por 17 personas de 11 países, observó las elecciones venezolanas durante todo un mes en Caracas, Barinas, Valencia y Maracaibo. Constataron una campaña electoral desequilibrada a favor del gobierno, la parcialidad del CNE, el rechazo discrecional de la principal candidata de la oposición (María Corina Machado), la persecución de personas o estructuras que habían prestado servicios a la oposición (por ejemplo, cierre de hoteles), la negación del derecho al voto a los venezolanos residentes en el extranjero (casi 8 millones de personas han huido del país desde 2013), la negativa del CNE a presentar las verdaderas actas electorales que necesariamente tiene, etc. “Nunca he visto unas elecciones con un nivel tan alto de irregularidades en toda América Latina”, aseguró el director de la ONG. El panel de cuatro expertos electorales de la ONU llegó a una conclusión similar, al afirmar que “no se han respectado las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales para unas elecciones creíbles”. Según la organización internacional, la publicación de resultados electorales sin detalles no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas.

Desde el 28 de julio, la lista de violaciones de los derechos humanos en Venezuela ha aumentado con el paso de los días, al igual que los discursos y las intimidaciones destinados a mantener el miedo entre la población y fomentar el espíritu de delación. En la conclusión de su comunicado de 15 de agosto de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no dudó en hablar de “terrorismo de Estado”: “Las prácticas de terrorismo de Estado perpetradas por el actual régimen no solo se dirigen contra sectores específicos, sino que están generando un clima de miedo e intimidación en toda la población venezolana. Estas prácticas niegan el derecho a la participación política. En un contexto en el que todos los órganos de control forman parte del aparato represivo del Estado y en el que el derecho de tutela no existe. La CIDH llama a toda la comunidad interamericana a reconocer la gravedad de esta situación”.

Aparte de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, ningún otro país de la región ha reconocido aún la victoria de Nicolás Maduro, cuyo actual mandato termina el próximo 10 de enero.