La situación del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha convertido en el epicentro de una nueva controversia política en toda América tras las medidas impuestas por la Policía Federal el pasado viernes 18 de julio, siguiendo órdenes del Supremo Tribunal Federal (STF). Estas incluyen el uso de una pulsera electrónica de tobillo, la prohibición de utilizar redes sociales y la restricción de comunicación con su hijo Eduardo Bolsonaro, un destacado político y congresista. Las acciones, que también involucraron registros e incautaciones en propiedades asociadas al exmandatario, han desatado un torbellino de reacciones tanto en Brasil como en el ámbito internacional.
Las medidas
Las medidas forman parte de una investigación en curso sobre un supuesto intento de golpe de Estado liderado por Bolsonaro para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, las cuales perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La policía federal llevó a cabo operativos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia y en su sede política, confiscando documentos y dispositivos electrónicos. El STF, bajo la dirección del juez Alexandre de Moraes, justificó estas restricciones argumentando que el exmandatario representa un riesgo de fuga y podría interferir en las investigaciones.
Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, enfrenta acusaciones adicionales de desinformación y obstrucción de la justicia. Entre los hallazgos recientes, destaca una investigación de la Policía Federal que lo vincula con el manejo de diamantes no declarados provenientes de Arabia Saudita durante su mandato, lo que ha añadido una nueva capa a los cargos en su contra.
La imposición de la pulsera electrónica ha sido particularmente simbólica. Bolsonaro, en un comunicado citado por Folha de S.Paulo, la calificó como «una suprema humillación» y negó todas las acusaciones, prometiendo apelar ante instancias superiores. Esta medida, combinada con la prohibición de usar redes sociales —una plataforma clave para su base de apoyo—, limita su capacidad de movilización, un factor que lo mantuvo relevante tras dejar el poder.
Manifestaciones tanto a favor como en contra han comenzado a surgir en varias ciudades brasileñas. El sábado se reportó cientos de simpatizantes congregados frente a la residencia de Bolsonaro en Brasilia, mientras que grupos pro-gobierno celebraron las acciones judiciales en São Paulo. El clima de tensión podría intensificarse a medida que avance el juicio, programado para los próximos meses.
Reacciones internacionales
El caso de Bolsonaro ha resonado más allá de las fronteras brasileñas. Entre las reacciones más destacadas está la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció la imposición de un 50% de aranceles sobre las importaciones brasileñas, con efecto a partir del 1 de agosto. Trump justificó esta medida como una respuesta a lo que llamó una «caza de brujas» contra Bolsonaro, un aliado político durante su mandato. Esta decisión, influenciada por presiones de Eduardo Bolsonaro ante funcionarios de la Casa Blanca, ha sido criticada como una intervención poco convencional en asuntos judiciales extranjeros y ha generado tensiones comerciales.
El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su solidaridad con Bolsonaro a través de un tuit, calificando las medidas como «un atentado contra la libertad». Por su parte, Ursula von der Leyen instó a Brasil a garantizar un proceso judicial «transparente y respetuoso de los derechos humanos», reflejando preocupaciones compartidas por Amnistía Internacional.
¿Qué sigue?
Con el juicio en marcha y las restricciones en vigor, el futuro político de Bolsonaro permanece incierto. Analistas sugieren que, de ser condenado, podría enfrentar una inhabilitación permanente para cargos públicos, un golpe significativo para su movimiento. Mientras tanto, su base de apoyo promete mantener la presión, lo que podría derivar en nuevos enfrentamientos.
