Tras las recientes medidas impuestas por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellas el uso de un grillete electrónico, la prohibición de usar redes sociales, comunicarse con embajadas o incluso hablar con su propio hijo, Eduardo Bolsonaro, el clima político en Brasil se ha vuelto aún más tenso. La familia Bolsonaro denuncia ser víctima de una persecución política liderada por el ministro del STF Alexandre de Moraes.
Eduardo Bolsonaro, diputado federal por São Paulo, reside en Estados Unidos desde el 18 de marzo de 2025. Busca ser reconocido como exiliado político, al afirmar que, si regresara a Brasil, sería arrestado. Aunque no existe una orden pública de detención en su contra, teme ser apresado o que se le confisque el pasaporte.
En conversación con este medio, Eduardo resumió sus objetivos en tres puntos clave: “Amnistía amplia, general e irrestricta. Elecciones limpias y transparentes. Y una Suprema Corte sin el violador de derechos humanos Alexandre de Moraes”.
Desde el territorio estadounidense, está trabajando activamente para ayudar a su padre, quien tiene un pie en el limbo hacia la prisión. Parte de ese trabajo incluye el contacto con aliados como el gobierno de Donald Trump, con el fin de ejercer presión internacional para detener lo que considera una ofensiva judicial contra su familia.
Su situación legal, sin embargo, se vuelve cada vez más incierta. Su licencia parlamentaria de 122 días expiró el 20 de julio de 2025. Al no haber retornado a Brasil ni retomado sus funciones legislativas, Eduardo corre el riesgo de perder su mandato como diputado, de acuerdo con lo que establece la Constitución brasileña.
Tras Jair Bolsonaro, Eduardo es la figura más emblemática de la derecha en Brasil y uno de los protagonistas de la creciente confrontación entre el bolsonarismo y las instituciones brasileñas bajo la presidencia de Lula da Silva.
